La Unión Europea está dispuesta a realizar una acción ejemplarizante en Galicia exigiendo la devolución de las subvenciones otorgadas para proyectos públicos de todo tipo que no han sido bien aprovechadas. Obras inacabadas, abandonadas, en ruinas o no utilizadas para el fin para el que fueron concebidas forman parte de un amplio dosier del organismo de control comunitario abierto sobre Galicia.
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha considerado que la supuesta mala utilización de esas ayudas otorgadas por la UE a distintos fines en la comunidad gallega merece la intervención de la Administración comunitaria para exigir de entrada un exhaustivo rendimiento de cuentas. Según ha sabido La Voz de Galicia, así lo ha decidido esta misma semana la OLAF, que ha remitido los casos susceptibles de aclaración a las autoridades comunitarias responsables de la gestión de los fondos estructurales de la UE que en su día dieron el visto bueno a los proyectos ahora cuestionados. Las direcciones generales de Política Regional y de Agricultura, ubicadas en Bruselas, serán las encargadas de contactar con el Gobierno español y la Xunta para identificar la situación en la que se encuentra cada uno de los proyectos subvencionados por la UE a través de distintos programas, como el Proder, Feder o el Leader, en los que se ha advertido algún tipo de irregularidad en su aprovechamiento final.
Doble investigación
Al margen de dicha derivación administrativa en la reclamación de responsabilidades respecto a los proyectos abandonados o modificados sin permiso comunitario, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude advierte de que va a realizar a través de sus propios medios «un seguimiento de las actuaciones que estas autoridades -ambas direcciones generales de la UE- emprendan en relación con dichos casos, y en particular, el seguimiento de la recuperación de los fondos comunitarios indebidamente percibidos». Deja claro así la OLAF que, a su juicio, hay indicios suficientes de una mala utilización en Galicia de fondos europeos, conclusión a la que llegó tras la evaluación durante once meses del estado de cada una de las obras realizadas con dinero comunitario.
Desde la oficina de investigación europea se mantiene que es necesario dar un toque de atención a todas las Administraciones públicas respecto al uso que hacen de las subvenciones comunitarias, pero a pesar de que en algunos casos se prevea ya que se exigirá la devolución de las ayudas, se descarta de entrada que se lleguen a pedir responsabilidades personales a los políticos y técnicos responsables del mal uso de las instalaciones pagadas por la UE.
Un proceso que arrancó hace once meses al salir a la luz una multitud de obras en ruinas
La constatación del estado de ruina, abandono o cierre que sufren en Galicia numerosas infraestructuras públicas sufragadas por distintas Administraciones motivó en noviembre del pasado año la confección de numerosas informaciones en La Voz para evidenciar el mal uso que se había dado en esos casos a los fondos públicos. Su publicación concitó el interés de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que tras recabar una información inicial sobre cada uno de los proyectos recogidos en las distintas informaciones, abrió un expediente al efecto de conocer más detalles sobre cada uno de ellos.
La certificación de que algunos de los proyectos habían dejado de ser usados antes de que se cumpliesen cinco años desde el fin de las obras para el propósito para el que recabaron la ayuda de la UE -norma de inexcusable cumplimiento para recibir y mantener las subvenciones comunitarias- llevó a la OLAF a avanzar aún más en sus indagaciones hasta llegar a la fase actual en la que deriva las responsabilidades a las dos direcciones generales.
Un caso ejemplar
Mientras, la Comisión Europea iniciaba un proceso similar para averiguar los motivos del abandono total que sufrían las instalaciones del Aula de Interpretación de la Naturaleza de As Gándaras, en Porriño, que había recibido 150.253 euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. La Comisión confirmó a través de la Xunta que dicha infraestructura nunca se había llegado a usar, pese a que las instalaciones habían sido concluidas y dotadas de equipamiento, por lo que inició a través de su oficina en Madrid los trámites para lograr el reembolso de la ayuda citada.
Pequeños retoques para disimular un notable abandono
El monumento al despilfarro de los fondos públicos sigue todavía en pie en Porriño. Las paredes interiores y la estructura del tejado es lo único que recuerda el gasto de 420.000 euros que se hizo hasta el 2001, y del que solo los vándalos sacaron algún partido. Pero el caso del Aula da Naturaleza de As Gándaras no es el único, aunque algunas obras públicas abandonadas han sido objeto de pequeños retoques para disimular la desidia institucional y tratar de evitar la devolución de las subvenciones recibidas.
No es el caso de la estación de autobuses de Celanova, donde tras invertir 59 millones de pesetas, solo la hierba crece desde el 2004. Solo a dormir van también los autobuses a la estación de A Guarda, que el Concello espera recuperar para otros usos, después de que no se apeara en ella ni un pasajero. Tampoco ha tenido más éxito la ruta de senderismo de Pena Trevinca. Tras gastarse del erario público europeo y de los concellos de A Veiga, Viana y Petín más de 300.000 euros en desbroces y señales, la mitad del recorrido es ya impracticable y la Federación Galega de Montañismo se niega a homologarlo.
Por la Ferrería de O Courel del siglo XVIII pocas personas han pasado también por sus puertas desde que se inaugurara su reconstrucción en 1999 tras aportar fondos la Xunta y la UE. El centro de O Viño de Salvaterra; el del Pemento de Herbón, en Padrón; el aula de la naturaleza de Coristanco; los cementerios de Entrimo o Fisterra o la central de transportes de Ponte Caldelas, son otros ejemplos de abandonos o usos intermitentes de infraestructuras fallidas por las que nadie responde.
Pero otras han experimentado algún cambio en los últimos meses para disimular el fracaso de su gestación. A la fuente de los Siete Guerreros de Boiro al menos se le ha quitado la basura que flotaba en sus aguas, y aunque no cuenta con el espectáculo de luces y sonido que elevó el coste del conjunto a 390.000 euros, de vez en cuando se enciende para que la UE no la ponga en la lista negra. Lo mismo ocurre con el observatorio astronómico de Ribadeo, mientras las obras han vuelto también al abandonado cementerio de Ames, y en breve lo harán por tercera vez a la depuradora de Guillarei para volver a reponer lo devastado por los vándalos, únicos beneficiarios hasta ahora de las ayudas de las UE, como ocurre en el cámping de Augasmestas o el de Untes, ambos a la espera de un nuevo impulso público.
